La reciente decisión de Mendoza de incluir a las empresas mineras en su Registro Único de Empresas y Establecimientos para cobrarles un canon por el uso del agua ha generado fuertes cuestionamientos, especialmente desde La Pampa. Mientras la provincia asegura el suministro de agua para la actividad minera a cambio de sumas millonarias, continúa negando a La Pampa su legítimo acceso al caudal del río Atuel.
Contradicciones en la gestión hídrica
El argumento histórico de Mendoza para justificar el corte del Atuel ha sido la falta de agua suficiente. Sin embargo, la decisión de abastecer a las mineras demuestra que el recurso existe, aunque su distribución prioriza intereses económicos por encima de los derechos de las comunidades afectadas.
Mendoza ha avanzado con la autorización de 34 proyectos mineros en la cuenca del río Colorado, otro recurso compartido con La Pampa, lo que amplifica la preocupación por el impacto en los recursos hídricos interprovinciales.
Un canon millonario para la minería
La nueva medida establece montos que varían entre $285.120 y $53.460.000 según la etapa de explotación y la categoría de las empresas. Estas cifras contrastan con la negativa de Mendoza a garantizar un caudal mínimo ecológico para La Pampa, como exige el fallo de la Corte Suprema que ordena un flujo permanente de 3,2 m³ por segundo del Atuel.
Impacto ambiental y social
La restricción del agua hacia La Pampa ha causado graves daños ecológicos y sociales en las comunidades dependientes del Atuel. Mientras tanto, Mendoza asegura el suministro para una actividad como la minería, conocida por su alto impacto ambiental. Esto pone en tela de juicio el discurso de sostenibilidad ambiental de la provincia.
El reclamo pampeano
La Pampa continúa exigiendo un reparto equitativo del agua del Atuel, amparada en su carácter de cuenca interprovincial. Pese a los constantes reclamos políticos y judiciales, Mendoza mantiene una postura unilateral que privilegia sus intereses locales.
El caso evidencia un conflicto estructural que enfrenta las necesidades ambientales y comunitarias de La Pampa contra los intereses económicos que Mendoza prioriza en su gestión hídrica.