El Gobierno de La Pampa, junto a organizaciones civiles, colegios profesionales y sindicatos, ha expresado su rechazo a cualquier modificación del Régimen Penal Juvenil Nacional. Argumentan que cualquier reforma debe adecuarse a los estándares internacionales y ser discutida en un proceso inclusivo y respetuoso de la Constitución.
El comunicado señala que la propuesta del Gobierno nacional de modificar el régimen penal juvenil va en contra de la Convención de los Derechos del Niño, calificándola como inconstitucional. Además, subrayan que la participación de menores de 16 años en delitos graves es mínima a nivel nacional, lo que, según ellos, no justifica la necesidad de una reforma en esa dirección.